- Pena máxima: el delito contempla prisión de cinco a 40 años y multa de hasta 50 mil pesos.
- Origen del caso: operativo contra un narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, con presunta participación de la CIA.
- Doble causa penal: Jáuregui enfrenta procesos en el fuero común y federal, con audiencias el 22 y 24 de octubre.
La acusación federal y las penas previstas
En conferencia en el Salón Candilejas del Hotel San Francisco, en la capital chihuahuense, Villasana explicó que la imputación corresponde al Artículo 123, capítulo “Traición a la Patria”, que castiga con prisión de cinco a 40 años y multa de hasta 50 mil pesos. Ese precepto incluye actos contra la independencia, soberanía o integridad nacional para someter al país a una persona, grupo o gobierno extranjero, así como vínculos con un gobierno extranjero para guiar una invasión o alterar la paz interior. El Artículo 124 prevé una pena de cinco a 20 años para alianzas ofensivas o admisión de tropas extranjeras sin requisitos constitucionales.
El caso deriva de la presunta participación de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, en abril pasado. Un accidente en la Sierra Tarahumara durante el regreso dejó muertos a dos servidores públicos estatales y dos ciudadanos estadounidenses, lo que motivó la investigación sobre la posible intervención extranjera en tareas reservadas a autoridades mexicanas.
Los argumentos de la defensa
Villasana sostuvo que ninguno de los 150 datos de prueba de la FGR acreditó que Jáuregui autorizara o conociera la participación de agentes extranjeros. De más de 80 o 90 testimonios, ninguno se refirió directamente al exfiscal; los señalamientos apuntaban al entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera Cervantes, señalado por la defensa como la persona con mayor cercanía a los agentes. Oseguera Cervantes falleció junto con otro agente mexicano y dos presuntos miembros de la CIA al volver del operativo en la Sierra Tarahumara.
El defensor agregó que la titularidad de la dependencia no basta para atribuir conocimiento de los más de 3 mil agentes de la Policía Investigadora o más de 5 mil ministerios públicos de la institución. Además, dijo que el Ministerio Público ya ejerció acción penal por traición a la patria y no podría cambiar esa calificación por otro delito con las mismas pruebas.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público comparó el caso con la intervención de Estados Unidos en Venezuela contra Nicolás Maduro, al advertir que la falta de un “castigo ejemplar” podría derivar en una situación similar en México. Villasana calificó esa analogía como muestra de “desesperación” ante la ausencia de pruebas sólidas.
“Lo único que existe objetivamente es la presencia de estas personas en la Agencia Estatal de Investigación, que se encuentra en el C4”, señala el comunicado de la defensa.
La defensa cuestionó que se atribuyera responsabilidad a Jáuregui solo por ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado, sin un testimonio, documento o elemento técnico que acreditara una autorización expresa para la intervención de personal extranjero.
Los dos procesos en curso
Detenido el pasado 17 de octubre, Jáuregui enfrenta dos causas penales derivadas del mismo operativo. En el fuero común, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua lo acusó de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, mediante una orden librada por el juez Luis Alberto Simental Ortega, con el oficio 53095/2026, causa penal 3055/2026. La resolución señaló como coautor a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas, imputado por falsedad ante autoridades con penalidad agravada.
En el fuero federal, la FGR acusó traición a la patria. La audiencia de vinculación por el fuero común estaba programada para el jueves 22 de octubre; la federal continuaría el sábado 24 de octubre a las 15:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Aunque un juez federal decretó prisión preventiva oficiosa, la vinculación seguía sin resolverse. La defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que la decisión quedó diferida. El expediente pasó a un nuevo juzgador después de que la jueza que libró la orden de aprehensión renunciara poco después de su ejecución; el nuevo juez de carrera judicial encabezó la audiencia inicial.
La audiencia federal del sábado definirá si la acusación avanza con una de las penas más altas del sistema penal mexicano o si, como sostiene Villasana, las pruebas resultan insuficientes.